El Gobierno de Bernardo Arévalo presentó una solicitud de antejuicio en contra de la jefa del Ministerio Público.

Durante la mañana de este jueves 29 de febrero, Julio Saveedra, jefe de la Procuraduría General de la Nación, y Juan José Guerrero, Secretario General de la Presidencia, presentaron una acción penal de retiro de inmunidad en contra de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

Esta acción penal implica la solicitud de retiro de antejuicio a la Fiscal General. Y las razones de esta acción están fundamentadas en el retiro abrupto de la Fiscal General de la reunión de Gabinete a la que fue invitada el pasado 29 de enero.

El Secretario General explicó que la demora en presentar una acción legal en contra de la Fiscal fue por haber tomado el tiempo necesario para analizar el proceso que debía seguirse en su contra, pues, según algunos comentarios en redes sociales, el mandatario estaba tardando en responder a la promesa de campaña de pedir la renuncia de la Fiscal General.

«Esta es la acción concreta para buscar el sometimiento de los funcionarios públicos al Estado de derecho, debemos dejar de aceptar un estado de ilegalidad, estas son las razones que fundamentan la querella penal y solicitud de retiro de antejuicio y también se genera ante la negativa de la Fiscal General de atender la convocatoria que le hizo el presidente para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero», explicó Saavedra.

Agregó que la intención de aquella invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones de temas fundamentales en el esfuerzo que persigue el Estado y la administración actual para abatir la impunidad, combatir la corrupción.

«Su presencia en el Gabinete se consideró necesaria para deliberar temas de estado conjunto con el MP. Además, sustentando su participación en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el presidente podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o ministros de estado», siguió explicando Saavedra que el/la fiscal estará obligado a concurrir a la junta con voz pero sin voto.

Y, al rehusarse a participar en dicha reunión, su negativa podría enmarcarse incumplimiento de deberes, delito consignado en el Artículo 419 del Código Penal guatemalteco, puntualizó el Procurador General de la Nación.

De modo que, al salir de forma abrupta de la reunión, la Fiscal pudo haber incumplido con su deber y con la acción penal en su contra, los tribunales deberán valorar esta petición y ordenar el nombramiento de un fiscal que investigue las implicaciones de esa negativa de la fiscal, finalizó el PGN.

Antecedentes
Durante el periodo de campaña, el ahora presidente dijo en varias ocasiones que una de sus primeras acciones al llegar al poder sería pedirle la renuncia a la Fiscal General.

No obstante, al llegar al poder y con 46 días en el cargo, Bernardo Arévalo se había referido a su relación con la Fiscal, pero aclaró que serían las cortes las que determinarían si podría ser removida o no.

De hecho, este lunes recién pasado y al finalizar la reunión de Gabinete de Gobierno, Arévalo dijo que no tenía conflicto con la Fiscal General; sin embargo, que no advertían en ella acciones y actitudes que impulsaran la lucha por la corrupción y las identidades de la actual administración de Gobierno.

Estando en su gira presidencial por Europa, y en no menos de dos presentaciones públicas, el presidente Arévalo dijo que: «No estamos conformes con la gestión de la señora fiscal».

Por su parte, el Comisionado contra la Corrupción también explicó que trabajarían con todos los actores de la sociedad civil, así como de las instituciones del Estado con quienes sostuvieran la misma mística de lucha y esfuerzo por el combate de la corrupción, sin precisar si llevarían a cabo un trabajo conjunto con Consuelo Porras.

Fuente: Soy502